Ningún proceso de licenciamiento se alarga por casualidad. Habiendo conducido licenciamientos desde ambos lados del mostrador — como asesor del promotor y como superintendente de un organismo federal — es justo decir que la mayoría de los retrasos no obedece a exigencias desmedidas del organismo ni a mala fe del promotor. Obedece a tres decisiones tomadas al inicio, casi siempre por razones presupuestarias, cuyo costo aparece meses después.
Primer error: tratar el estudio como un trámite
La evaluación de impacto no es una formalidad de presentación. Es la base técnica sobre la que el técnico instructor construirá su dictamen y, más adelante, sobre la que el Ministerio Público construirá —o no— una tesis. Un estudio contratado al menor precio, con una línea base genérica y un pronóstico copiado de otro proyecto, no es un ahorro: garantiza una primera ronda de aclaraciones que consume entre seis y doce meses.
La revisión jurídica del estudio antes de su presentación es la intervención con mejor relación costo-beneficio de todo el proceso. No se trata de revisar la redacción. Se trata de verificar que cada alternativa de localización, cada medida de mitigación y cada compromiso asumido en el estudio sea jurídicamente sostenible y operativamente ejecutable por la empresa que lo firma.
El estudio ambiental es la primera pieza de la defensa del proyecto — escrita años antes de que exista cualquier controversia.
Segundo error: aceptar condicionantes inviables
La licencia es, en su parte más consecuente, un acto administrativo negociado: las condicionantes. Aceptar una obligación que la operación no puede cumplir en plazo, solo para desbloquear la emisión, traslada el problema a la renovación — y en ese momento el incumplimiento ya está documentado, el organismo dispone de un acta de infracción y el margen de negociación es mucho menor.
Las condicionantes deben discutirse mientras siguen siendo un borrador. Plazo, unidad de medida, evidencia de cumplimiento y responsable necesitan redactarse con la precisión de una cláusula contractual. Una condicionante vaga no protege al promotor: solo posterga la discusión sobre qué se acordó exactamente.
Tercer error: abandonar el diálogo institucional
El organismo ambiental no es una parte contraria. Es una autoridad que decide bajo presión de plazos, con personal técnico limitado y sometida a control externo. El promotor que solo aparece para quejarse de la demora, o que sustituye el diálogo técnico por una medida judicial ante la primera dificultad, pierde el único activo que realmente acelera un proceso: la previsibilidad mutua.
El diálogo cualificado no es informalidad ni privilegio. Es la presentación oportuna de información organizada, el registro formal de cada intercambio y la construcción de un historial que permita al instructor decidir con seguridad. Los procesos conducidos así se deciden más rápido porque representan menos riesgo para quien firma el dictamen.
Ninguna de estas precauciones es cara. Todas son incomparablemente más económicas que un decimotercer mes esperando una licencia de instalación.
Zilto Bernardi Freitas
Casi tres décadas en Derecho Ambiental desde ambos lados de la mesa: Superintendente del IBAMA en Río de Janeiro, Secretario municipal de Ambiente y asesor sénior de licenciamiento de Petrobras, Transpetro y Shell.
Trayectoria completa→Contenido informativo, elaborado con finalidad de comunicación institucional conforme al Provimento CFOAB n.º 205/2021. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el análisis del caso concreto.
